El veredicto del juicio a García Luna podría afectar a funcionarios mexicanos y agentes de EE. UU.

A medida que avanzan las últimas fases del enjuiciamiento de Genaro García Luna, quien fue un alto funcionario de seguridad en México, se convocará a un jurado para que responda la pregunta central del caso: ¿García Luna, quien llegó a ser la cara pública de la guerra contra las drogas en su país, tuvo una doble vida y recibió millones en sobornos de los mismos cárteles a los que supuestamente perseguía?

Sin embargo, el resultado del juicio tendrá repercusiones mucho más allá de la corte federal de Brooklyn, donde los miembros del jurado escucharon testimonios sobre cargamentos de cocaína, una guerra entre cárteles y grandes pagos en efectivo realizados a García Luna en lugares como un almacén repleto de drogas y un autolavado propiedad de un capo.

Una absolución podría desatar una tormenta en México, poniendo en duda la capacidad de las autoridades estadounidenses para recopilar pruebas convincentes sobre la corrupción mexicana de alto nivel que, tradicionalmente, ha recibido menos escrutinio que los delitos de los líderes de los cárteles.

Pero una condena también podría tener un efecto serio pero más discreto, porque dejaría sin respuesta una de las grandes incógnitas del juicio: ¿Qué sabían los funcionarios estadounidenses sobre los vínculos de García Luna con el grupo criminal más grande de México, el Cártel de Sinaloa, cuando se desempeñó como director del organismo mexicano equivalente al FBI y luego como secretario de seguridad pública del país, un poderoso cargo del gabinete presidencial?

Cualquiera que sea el resultado, una cosa es cierta: es poco probable que afecte la sombría espiral de derramamiento de sangre de los cárteles en México o que detenga el flujo de drogas hacia Estados Unidos.

Los narcóticos peligrosos como el fentanilo continúan pasando por la frontera, matando a más estadounidenses en los últimos años que la violencia armada y los accidentes de tránsito combinados.

Y, a pesar de los más de 3000 millones de dólares de ayuda exterior que Estados Unidos ha dado en los últimos 15 años, las autoridades mexicanas no han podido detener el crecimiento de los cárteles, que han tomado el control de grandes regiones del país y desatado una violencia que ha dejado a cientos de miles de personas muertas, heridas o desaparecidas.

Se suponía que la acusación por cargos de narcotráfico y corrupción contra García Luna, el funcionario mexicano de más alto rango que ha sido juzgado en Estados Unidos, marcaría una tendencia para la rendición de cuentas: sería el primero de una serie de casos de corrupción presentados contra funcionarios mexicanos en Estados Unidos, según dicen los fiscales federales estadounidenses.

Los cargos se presentaron a fines de 2019 en la Corte Federal de Distrito en Brooklyn, meses después de que un testigo en el juicio de Joaquín Guzmán Loera, el narcotraficante conocido como el Chapo, testificara de manera espectacular sobre la entrega de maletas llenas de dinero a García Luna.

Pero, desde entonces, el apetito por esos juicios se ha desvanecido, en gran parte debido al colapso de otro caso de corrupción mexicana en Brooklyn. A finales de 2020, Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa de México, fue detenido en Los Ángeles y acusado de cohecho y narcotráfico. Pero semanas después, luego de una intensa presión del gobierno mexicano, los fiscales retiraron los cargos y fue liberado.

Una absolución en el caso de García Luna podría sumarse al profundo sentimiento de derrota que existe entre los fiscales estadounidenses y, al mismo tiempo, le daría al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, nuevas energías para criticar el sistema legal y político de EE. UU.

Una condena podría ayudar a suavizar esos argumentos, aunque probablemente no resolvería otro problema: la duda persistente acerca de qué es lo que sabían los funcionarios estadounidenses sobre García Luna y cuándo lo supieron. El jurado ha escuchado poco en relación con las sospechas en los círculos políticos y policiales de EE. UU. sobre García Luna y de la decisión de continuar trabajando con él, a pesar de eso.

Varios agentes del orden en Estados Unidos y México se adelantaron a describir esas sospechas, pero hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados para hacer comentarios en público. Otros entrevistados eran exfuncionarios mexicanos o estadounidenses que ahora son consultores gubernamentales privados que trabajan en asuntos delicados.

Los rumores sobre las conexiones de García Luna con el Cártel de Sinaloa comenzaron a circular en 2001, el año en que tomó el control de la Agencia Federal de Investigación, y el mismo año en que Guzmán Loera escapó de una prisión mexicana. En los años posteriores, hubo rumores persistentes en los medios noticiosos mexicanos sobre sus vínculos con el cártel.

Michael Chavarría dijo que poco después de hacerse cargo de la oficina de la DEA en Guadalajara, México, en 2001, se dio cuenta de que la información confidencial que la agencia compartió con sus contrapartes mexicanas estaba siendo utilizada para alertar a los traficantes. Y dijo que cuando lo informó a sus superiores en la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de México, se encogieron de hombros y alegaron que no había pruebas irrefutables.

Varios agentes estadounidenses que sirvieron en México dicen que ese era un estribillo común entre los diplomáticos y funcionarios de alto rango en la embajada.

A los oficiales de campo les decían que todo el tiempo se hacían denuncias de corrupción, sin pruebas, sobre funcionarios mexicanos y que, ante la ausencia de evidencias concretas o no clasificadas, era más importante trabajar con hombres como García Luna para combatir el narcotráfico y la violencia.

Sin embargo, a fines de 2008, cuando las acusaciones contra García Luna se hicieron más fuertes, los funcionarios estadounidenses iniciaron una investigación sobre las filtraciones de los oficiales de policía bajo su mando, según un exfuncionario estadounidense.

La investigación coincidió, según el exfuncionario, con el asesinato de un informante de la DEA que estaba infiltrado dentro de un cártel dirigido por Arturo Beltrán Leyva —quien, según testigos del juicio, era el jefe de García Luna— y con una serie de redadas fallidas, incluida una en la casa de Beltrán Leyva en Acapulco.

Dos agentes de la DEA que se encontraban en México en ese momento afirmaron que un alto funcionario de la policía mexicana cercano a García Luna ayudó a Beltrán Leyva para que saliera de la casa. Israel Ávila, contador del Cártel de Sinaloa, reforzó esa versión al declarar en el juicio que los hombres de García Luna ayudaron a Beltrán Leyva a escapar disfrazándolo de policía federal.

Aproximadamente al mismo tiempo surgieron sospechas similares sobre García Luna dentro de la policía mexicana.

Un oficial federal, Francisco Cañedo Zavaleta, presentó un informe sobre García Luna a funcionarios del Congreso mexicano en noviembre de 2008, afirmando que lo había visto con Beltrán Leyva al costado de una carretera cerca de Cuernavaca. Seis meses antes, otro oficial federal, Javier Herrera Valles, escribió una carta a Felipe Calderón, quien en ese entonces era el presidente de México, acusando a García Luna de tener vínculos con el crimen organizado.

Ambos oficiales fueron arrestados, acusados de trabajar para el Cártel de Sinaloa, y pasaron años encarcelados antes de ser absueltos por falta de pruebas.

Miguel Madrigal, un agente de la DEA que estuvo destacado en Ciudad de México, fue uno de los primeros funcionarios estadounidenses que se enteraron de manera directa de los vínculos de García Luna con Beltrán Leyva.

En 2010, según declaró en el juicio de García Luna, participó en la captura de Sergio Villarreal Barragán, uno de los principales colaboradores de Beltrán Leyva. Horas después de la detención, Villarreal Barragán declaró a Madrigal en una entrevista en la cárcel que Beltrán Leyva había sobornado en repetidas ocasiones a García Luna.

Nunca se reveló en el juicio quién más en el gobierno de EE. UU. se enteró en ese momento de estas acusaciones, aunque en 2012, Villarreal Barragán fue extraditado a Texas, donde ayudó a los fiscales federales a abrir una investigación temprana contra García Luna que terminó sin que se presentaran cargos.

Ese mismo año, el último en el cargo de García Luna, tres escándalos sacudieron a la policía federal bajo su mando, y finalmente despertaron sospechas en Washington y en la embajada en México.

En febrero de 2012, Guzmán Loera escapó por poco de una redada conjunta de Estados Unidos y México en Cabo San Lucas, saliendo por la puerta trasera de su residencia con la ayuda de agentes federales mexicanos.

Cuatro meses después, tres policías federales murieron en un misterioso tiroteo con otros oficiales en el aeropuerto internacional de Ciudad de México. En entrevistas recientes, los agentes de la DEA que en ese momento trabajaban en México dijeron que la violencia fue el resultado de un enfrentamiento entre los oficiales que se dedicaban al narcotráfico y se peleaban por las ganancias.

Luego, en agosto de 2012, dos agentes de la CIA fueron baleados y heridos después de que oficiales federales mexicanos abrieran fuego contra su vehículo. Los funcionarios estadounidenses que realizaban una investigación le pidieron a García Luna que compartiera imágenes de las cámaras de seguridad que creían que habían captado el ataque. Al principio, García Luna afirmó que las imágenes no existían, según tres funcionarios con conocimiento del caso.

García Luna fue presionado por las imágenes en una reunión tensa en Washington con altos funcionarios estadounidenses, incluido Eric Holder, el fiscal general en ese momento, y Janet Napolitano, secretaria de Seguridad Nacional, según los tres funcionarios, dos de los cuales estuvieron presentes en esa reunión. Al final, el FBI obtuvo las imágenes de otros agentes de seguridad mexicanos.

Episodios como estos pusieron a los funcionarios estadounidenses en alerta máxima sobre la policía federal bajo el mando de García Luna, dijo Eric Drickersen, quien llegó a México como miembro agregado del FBI en 2013.

También hicieron que los agentes del orden público de EE. UU. en México actuaran con más cuidado de lo habitual y se protegieran a sí mismos y a sus fuentes dentro de los cárteles, una postura que a menudo se sentía como “trabajar con una mano atada a la espalda”, dijo Drickersen.

“En México, siempre es un juego del gato y el ratón”, dijo. “Pero, a veces, es difícil distinguir quién es el gato y quién es el ratón”.

Steve Fisher y Galia García Palafox colaboraron en este reportaje.

Alan Feuer cubre extremismo y violencia política. Se unió al Times en 1999. @alanfeuer

Maria Abi-Habib es corresponsal de investigación con sede en Ciudad de México y cubre América Latina. Anteriormente ha reportado desde Afganistán, todo Medio Oriente e India, donde cubrió el sur de Asia. @abihabib