¿El máximo tribunal de Brasil se extralimita en su defensa de la democracia?

RÍO DE JANEIRO — El chat grupal en WhatsApp era una especie de vestidor de gimnasio para decenas de los más grandes empresarios de Brasil. Estaba un magnate de centros comerciales, el fundador de una tienda de ropa para surfear y el multimillonario de la tienda departamental más conocida de Brasil. Se quejaban de la inflación, enviaban memes y, a veces, compartían opiniones incendiarias.

“Prefiero un golpe de Estado a que regrese el Partido de los Trabajadores”, dijo el 31 de julio, Jose Koury, otro propietario de centros comerciales, aludiendo al partido de izquierda que encabeza las encuestas para las elecciones presidenciales del domingo. El propietario de una cadena de restaurantes respondió con un GIF de un hombre que aplaude.

Teniendo en cuenta la historia de este país con los dictadores y los temores generalizados de que el presidente Jair Bolsonaro se niegue a aceptar una derrota electoral, era un comentario preocupante.

Pero quizá lo que sucedió después haya sido incluso más alarmante para la cuarta democracia más grande del mundo.

Agentes federales allanaron las casas de ochos de los empresarios. Las autoridades congelaron sus cuentas bancarias, solicitaron la entrega de sus registros financieros, telefónicos y digitales y ordenaron a las redes sociales suspender algunas de sus cuentas.

La orden provino de Alexandre de Moraes, un juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil. La única prueba que mencionaba eran los mensajes del grupo de WhatsApp, que habían sido filtrados a un periodista. En esos mensajes, solo dos de los ocho empresarios habían insinuado que estarían a favor de un golpe de Estado.

Era un claro despliegue de fuerza del poder judicial que culminaba una tendencia de años: el Supremo Tribunal de Brasil ha ampliado de manera drástica su poder para contrarrestar las posturas antidemocráticas de Bolsonaro y sus seguidores.

De paso, según expertos en derecho y gobierno, el tribunal ha dado su propio giro represivo.

Moraes ha encarcelado a cinco personas sin que enfrentaran un juicio por publicaciones en las redes sociales que en su opinión eran un ataque a las instituciones de Brasil. También ha ordenado a las redes sociales eliminar miles de publicaciones y videos con muy poco margen de apelación. Y este año, 10 de los 11 ministros del tribunal sentenciaron a un congresista a casi nueve años de prisión por las que consideraron amenazas en su contra en una transmisión en directo.

Los juristas opinan que la toma de poder por parte del más alto tribunal de la nación debilita una institución democrática clave en el país más grande de América Latina, mientras los votantes se preparan para elegir un presidente el 2 de octubre. Luiz Inácio Lula da Silva, expresidente de izquierda, va adelante de Bolsonaro en las encuestas desde hace meses, mientras Bolsonaro ha estado diciendo al país, sin ninguna prueba, que sus rivales están tratando de amañar la votación.

En muchos casos, Moraes ha actuado de forma unilateral, envalentonado por los nuevos poderes que el tribunal se otorgó a sí mismo en 2019 y que, en la práctica, le permiten actuar a la vez como investigador, fiscal y juez en algunos casos.

Dias Toffoli, el magistrado del Supremo Tribunal que creó esas facultades, afirmó en una declaración que lo hizo para proteger la democracia nacional: “Brasil vive con la misma incitación al odio que cobró vidas en el ataque al Capitolio de Estados Unidos y las instituciones democráticas deben evitar escenarios como el del 6 de enero de 2021, que sacudieron al mundo”.

Los líderes políticos de izquierda y gran parte de la prensa y la ciudadanía brasileña han apoyado en gran medida las acciones de Moraes como medidas necesarias para contrarrestar la singular amenaza que representa Bolsonaro.

Pero muchos expertos en derecho dicen que las demostraciones de fuerza de Moraes, con la consigna de salvar la democracia, amenazan por sí mismas con empujar al país hacia un descenso antidemocrático.

“Es la historia de todas las cosas malas que ocurren en la política”, dijo Luciano da Ros, profesor brasileño de ciencias políticas que estudia la política del poder judicial. “Al principio tenías un problema. Ahora tienes dos”.

Moraes declinó hacer comentarios a través de una vocera.

La influencia creciente del tribunal podría tener grandes repercusiones para el ganador de la elección presidencial. Si Bolsonaro consigue un segundo mandato, ha insinuado que va a nombrar a sus partidarios en el Supremo Tribunal, lo que le daría aún más control de la sociedad brasileña.

Si gana Da Silva, tendría que enfrentar jueces que complicarían su agenda para un país que lidia con varios desafíos, entre ellos el aumento del hambre, la deforestación de la Amazonía y una profunda polarización.

“Históricamente cuando el tribunal se ha otorgado nuevo poder después no ha dicho que se equivocó”, dijo Diego Werneck, profesor de derecho que estudia el tribunal. “Las atribuciones que se crean permanecen”.

Si ninguno de los candidatos recibe más del 50 por ciento del voto en las elecciones del 2 de octubre, los dos principales contendientes enfrentarán una segunda vuelta el 30 de octubre.

El Supremo Tribunal de Brasil ya era una institución poderosa. En Estados Unidos, la Corte Suprema emite dictámenes sobre unos 100 a 150 casos al año. En Brasil, los 11 magistrados y los fiscales que trabajan para ellos emitieron 505.000 opiniones en los últimos cinco años.

En 2019, unos cuantos meses después de que Bolsonaro llegó a la presidencia, un documento de una página amplió en gran medida las facultades del Supremo Tribunal.

En aquel momento, el tribunal enfrentaba ataques en línea de algunos de los seguidores de Bolsonaro. Por lo general, las autoridades o fiscales tendrían que haber investigado dichas actividades, pero no lo habían hecho.

Así que Toffoli, el magistrado presidente del tribunal, emitió una orden que le otorgaba al Supremo Tribunal la autoridad para iniciar una investigación.

La corte investigaría las fake news —Toffoli usó el término en inglés— que atacaba “la honorabilidad” del tribunal y sus magistrados.

Era un papel inédito que convertía al tribunal en algunos casos en acusador y juez, según Marco Aurélio Mello, un exjuez del Supremo Tribunal que el año pasado cumplió 75 años, edad en la que es obligatorio retirarse del cargo.

Mello, quien apoya a Bolsonario, creía que el organismo violaba la Constitución a fin de atender un problema. “En derecho, los medios justifican el fin”, añadió. “No al revés”.

Antonio Cezar Peluso, otro exjez del mismo tribunal, no estuvo de acuerdo. Las autoridades, dijo, permitían que se propagaran las amenazas. “No puedo esperar que el tribunal se quede callado”, dijo. “Tenía que actuar”.

Toffoli, encomendó a Moraes, de 53 años, un apasionado exministro de Justicia federal y profesor de derecho constitucional que se había incorporado al tribunal en 2017, la dirección de la investigación.

Como primera medida, Moraes ordenó a una revista brasileña, Crusoé, retirar un artículo en línea que mostraba vínculos entre Toffoli y una investigación de corrupción. Moraes lo calificó de fake news.

Andre Marsiglia, un abogado que representó a Crusoé, dijo que el fallo era sorprendente. El Supremo Tribunal de Brasil había protegido en varias ocasiones a las organizaciones informativas de los fallos de tribunales inferiores que ordenaban ese tipo de actos. Ahora, “era el impulsor de la censura”, dijo, y “no teníamos a quién recurrir”.

Más tarde, Moraes levantó la orden después de que los documentos judiciales demostraron que el artículo era acertado.

Con el tiempo, Moraes abrió nuevas investigaciones y reformuló su trabajo en torno a la protección de la democracia de Brasil. Bolsonaro estaba aumentando los ataques a los jueces, los medios de comunicación y el sistema electoral del país.

Moraes ordenó a las principales redes sociales eliminar decenas de cuentas, borrando miles de sus publicaciones, a menudo sin dar una razón, según un funcionario de una empresa de tecnología que habló bajo condición de anonimato para evitar provocar al juez. Cuando la empresa de tecnología en cuestión revisó las publicaciones y las cuentas que Moraes le ordenó eliminar, la empresa descubrió que gran parte del contenido no infringía sus reglas, dijo el funcionario.

En muchos casos, Moraes actuó contra influentes de derecha que difundían información engañosa o falsa. Pero también lo hizo contra quienes eran de izquierda. Cuando la cuenta oficial de un partido comunista brasileño tuiteó que Moraes era un “cabeza rapada” y que el Supremo Tribunal debía disolverse, Moraes ordenó a las empresas tecnológicas que prohibieran todas las cuentas del partido, incluido un canal de YouTube con más de 110.000 suscriptores. Las empresas cumplieron.

Moraes fue aún más lejos. En siete casos, ordenó la detención de activistas de extrema derecha acusados de amenazar la democracia al abogar por un golpe de Estado o convocar a la gente a concentraciones antidemocráticas. Al menos dos siguen en la cárcel o bajo arresto domiciliario. Algunos casos fueron iniciados por la fiscalía, mientras que otros los inició el mismo Moraes.

En su investigación, el tribunal descubrió pruebas de que extremistas de ultraderecha habían conversado sobre atacar a los jueces, estaban rastreando sus movimientos y habían compartido un mapa del edificio del tribunal, según un funcionario del tribunal que habló bajo la condición de permanecer en el anonimato debido a que los hallazgos forman parte de una investigación sellada.

En el caso de más alto perfil, Moraes ordenó la detención de un congresista conservador luego de que este criticara a Moraes y a otros jueces en una emisión en vivo en internet. “Tantas veces me he imaginado que te golpean en la calle”, dijo el congresista, Daniel Silveira en la emisión. “¿Qué vas a decir? ¿Qué estoy incitando a la violencia?”.

El Tribunal Supremo votó 10 a 1 para sentenciar a Silveira a casi nueve años de prisión por incitar a un golpe de Estado. Bolsonaro lo perdonó al día siguiente.

Con la mayoría en el Congreso, el ejército y el poder ejecutivo respaldando al presidente, se puede decir que Moraes se ha convertido en el contrapeso más efectivo del poder de Bolsonaro. Eso lo ha convertido en un héroe de la izquierda y en el enemigo público número uno de la derecha.

Bolsonaro ha arremetido contra él en sus discursos, ha intentado y fracasado en su intento de destituirlo y luego ha dicho a sus partidarios que no acataría las decisiones de Moraes (más tarde se retractó).

El mes pasado, Moraes adquirió más poder y asumió también la presidencia de la corte electoral que va a supervisar la votación. (Fue coincidencia el momento).

En la toma de posesión, Moraes parecía estar dirigiéndose directamente a Bolsonaro, que estaba sentado cerca. “La libertad de expresión no es la libertad para destruir la democracia, para destruir las instituciones”, dijo Moraes mientras Bolsonaro fruncía el ceño.

La tensión entre ellos aumentó con el caso de WhatsApp que involucraba a los empresarios.

Bolsonaro criticó la orden de Moraes, que aprobaba en parte una solicitud para que la policía allanara las casas de los empresarios. En un momento poco usual, la prensa convencional brasileña estuvo de acuerdo con el presidente. “Intercambiar mensajes, meras opiniones sin actos, incluso si son contra la democracia, no constituye un delito”, afirmó la red de televisión Band en un editorial.

La oficina de Morales, al ser criticada, emitió un documento judicial adicional que, según dijo, proporcionaba más pruebas de la amenaza potencial que representaban los hombres. El documento repetía las conexiones ya públicas que algunos de los hombres tenían con operadores de la derecha.

Después, Moraes liberó las cuentas bancarias de los empresarios. Los hombres nunca fueron arrestados.

Luciano Hang, el multimillonario de las tiendas departamentales, dijo que estaba luchando para recuperar el control de sus cuentas de redes sociales, que en conjunto tenían al menos 6 millones de seguidores. “Nos sentimos violados de que la policía federal aparezca a las 6 a. m. queriendo llevarse tu teléfono”, dijo.

Lindora Araújo, viceprocuradora general de Brasil y fiscala de carrera, apeló la orden de Moraes contra los empresarios, con el argumento de que el magistrado había abusado de su poder al actuar contra ellos por el simple hecho de opinar en un chat privado. La subprocuradora agregó que la orden del magistrado se asimilaba al “tipo de vigilancia del pensamiento característico de los regímenes autoritarios”.

La apelación fue enviada a Moraes, quien la desestimó.

Lis Moriconi colaboró con este reportaje.

Jack Nicas es el jefe de la corresponsalía del Times en Brasil, que abarca Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Antes cubría tecnología desde San Francisco. Antes de unirse al Times, en 2018, trabajó durante siete años en The Wall Street Journal. @jacknicas • Facebook